De la mano de Oscar López , CEO en UBT Legal & Compliance Laworatory, vamos a poder participar en esta masterclass sobre “Prevención del fraude en la gestión de fondos públicos”, en la que se analizará cómo la obligación de implementar Planes de Medidas Antifraude en el marco de la gestión de los fondos europeos Next Generation ha acelerado la aparición del compliance en las Administraciones Públicas.

Cualquier AAPP debe actuar diligentemente a la hora de gestionar sus recursos, estableciendo controles que permitan prevenir, detectar, corregir y perseguir el fraude.

Esta nueva realidad a la que se enfrentan las AAPP exige amplios conocimientos técnicos sobre implementación de Modelos de Prevención, políticas, procedimientos, etc. y especialmente en materia de gestión de los riesgos asociados a los proyectos subvencionados y a la contratación pública

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DESCRIPCIÓN:

La obligación de implementar Planes de Medidas Antifraude en el marco de la gestión de los fondos europeos Next Generation ha acelerado la aparición del compliance en las Administraciones Públicas.

Si bien los PMA se circunscriben al ámbito de estos fondos NGEU, la realidad es que cualquier AAPP debe actuar diligentemente a la hora de gestionar sus recursos, estableciendo controles que permitan prevenir, detectar, corregir y perseguir el fraude. Esta nueva realidad a la que se enfrentan las AAPP exige amplios conocimientos técnicos sobre implementación de Modelos de Prevención, políticas, procedimientos, etc. y especialmente en materia de gestión de los riesgos asociados a los proyectos subvencionados y a la contratación pública.

Si la digitalización está siendo importante en el sector privado, de igual modo lo es en el público. El uso de herramientas para la implementación y el mantenimiento de los Modelos de Prevención y Planes de Medidas Antifraude supondrán una garantía de eficacia y ahorro de costes. Numerosas de las exigencias existentes en la normativa de aplicación pueden ser objeto de digitalización:

– Análisis de riesgo.

– Generación de informes.

– Cumplimentación de cuestionarios de autoevaluación.

– Verificación de controles.

– Generación y seguimiento de indicadores.

– Canal de denuncias.

– Comunicaciones a órganos competentes.

– Envío y recepción de declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI).