Hoy se ha publicado el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, una de las referencias más tradicionales y respetadas para entender cómo se percibe la corrupción en el sector público en el mundo.

Este informe anual, que clasifica a 182 países y territorios en una escala de 0 a 100 (donde 0 indica alta percepción de corrupción y 100 muy baja), nos ofrece una fotografía global de los avances y retrocesos en el combate a la corrupción.

🧭 Principales hallazgos

📉 La media mundial cayó a un nuevo mínimo de 42 puntos, lo que refleja que la mayoría de países (más de dos tercios) obtienen puntuaciones inferiores a 50, lo que indica niveles preocupantes de percepción de corrupción en el sector público.

👥 Pocas naciones muestran mejoras sostenidas: solo 31 países han reducido de forma significativa su percepción de corrupción desde 2012, mientras que la mayoría se ha estancado o empeorado.

👎 Incluso democracias consolidadas muestran descensos: países tradicionalmente bien valorados en transparencia y control de la corrupción experimentan retrocesos en su puntuación, lo que subraya la necesidad de liderazgo y controles robustos.

📍 El informe destaca la importancia de instituciones fuertes, libertades civiles amplias y una sociedad civil activa para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.

🌍 ¿Qué nos dice para el contexto actual?

Este estudio no solo cuantifica percepciones, sino que pone de relieve una realidad que conocemos bien quienes trabajamos en control del fraude: sin instituciones sólidas ni espíritu de servicio público, la corrupción se arraiga y erosiona la confianza ciudadana.

📌 En resumen

  • El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 señala un retroceso global en la lucha contra la corrupción.
  • La media global está en mínimos históricos, y solo una minoría de países muestra progreso.
  • El informe subraya la necesidad de reforzar liderazgo, rendición de cuentas y espacios cívicos para recuperar integridad pública.

Este estudio tradicional sigue siendo una herramienta esencial para orientar políticas públicas y estrategias de prevención de fraude y corrupción. Compartirlo y reflexionar sobre él en nuestro entorno profesional es un paso firme hacia un mejor gobierno y una gestión más íntegra.

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