El entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y complejo. El nivel de beligerancia de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más intenso que nunca.
Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento de la sensibilidad social respecto de la “ética de los negocios”, un mayor número de organizaciones públicas y privadas internalizan estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento. Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como el daño reputacional, la imposición de multas y sanciones, consecuencias penales, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras. Es por ello la necesidad de implementar programas de Compliance.
¿Qué se está haciendo?
Las empresas de mayor tamaño han sido las…
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